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¿Existe algún tipo de subvención para la contratación de trabajadores con un contrato en prácticas?

SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES CON CONTRATO EN PRÁCTICASEN LA COMUNIDAD VALENCIANA

La Conselleria de Empleo de la Comunidad Valenciana publicó el pasado 04/02/2019 ayudas directas a la contratación en PRACTICAS de jóvenes menores de 30 años, desempleados, con una formación mínima de FP-1.

Importe de las ayudas:

Hombres 10.080 euros.

Mujeres 10.710 euros.

Requisitos de los trabajadores:

  • Inscritos como demandantes de empleo en las Oficinas del SERVEF.
  • Inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
  • Titulación académica mínima de Formación Profesional de Grado Medio (P-1) o superior.

Obligaciones del empresario:

  • Mantener el empleo creado durante 1 año; con posibilidad de sustitución por otra persona menor de 30 años y cualificada, en caso de baja voluntaria.
  • Sí no se sustituyera al trabajador/a que causó la baja voluntaria se tendría que devolver la parte proporcional de la ayuda recibida. Las sustituciones se podrán hacer transcurridos los 6 primeros meses.
  • En caso de despido improcedente no se podrá sustituir al trabajador, debiendo devolver el importe íntegro de la ayuda.
  • Mantener la plantilla media de la empresa desde la contratación, durante 1 año.
  • No se tendrán en cuenta las bajas voluntarias, jubilaciones, ni despidos procedentes para calcular la plantilla media al final del año siguiente a la contratación objeto de subvención.

Tipo de contrato:

  • En PRACTICAS a jornada completa.
  • El período de prueba no deberá ser igual o superior a 2 meses
  • Es necesario que exista correspondencia entre la titulación y el puesto de trabajo.
  • El plazo para solicitar estas ayudas finaliza el 31 de octubre de 2019, o 2 meses después de la contratación.

CUANDO SE CONSIDERA UNA ENTIDAD, GRAN EMPRESA

El término Gran Empresa, es una condición puramente fiscal, por lo que sus implicaciones afectan a los distintos impuestos del territorio nacional. Las entidades que en el año natural previo hayan superado un volumen de operacionesde6.010.121,04 euros (excluido el IVA) pasarán a tener la condición de Gran Empresa.

Este sería el término que aplica la administración tributaria, el cual difiere respecto a la normativa europea, que considera como Gran Empresa a aquella que factura una cifra anual superior a 50 millones de euros y emplea más de 250 trabajadores-año.

¿Cuáles son las obligaciones fiscales de una Gran Empresa?

Ostentar esta condición supone un cambio notable en las obligaciones tributarias del empresario, que supondrá para la entidad tener que presentar mensualmente, y no trimestralmente, sus declaraciones-autoliquidaciones referidas a retenciones, IVA, impuestos especiales y primas de seguros.

Así, los modelos 303 (autoliquidaciones del IVA), 115 (rendimientos de capital inmobiliario), 111 (rendimientos del trabajo y profesionales), y 123 (rendimientos de capital inmobiliario) deberán presentarse en los primeros 20 días naturales posteriores a la finalización del mes en cuestión.

En lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades, la determinación de los pagos fraccionados  se calculará sobre los resultados reales del momento y no sobre los del año anterior.

Adicionalmente, desde julio de 2017, las empresas que tengan la condición de Gran Empresa, tendrán la obligación aplicar el nuevo sistema de gestión del IVA denominado Suministro Inmediato de Información (SII). Este sistema estipula un plazo de 4 días desde que se emite o se recibe una factura para informar a la Administración Tributaria. La adhesión a este sistema comporta la desaparición de la obligación de presentar las declaraciones informativas referentes al modelo 390 (declaración resumen anual de IVA), al modelo 347 (declaración anual de operaciones con terceras personas) y al modelo 340 (declaración informativa de operaciones incluidas en los libros de registro).

¿Qué obligaciones informativas requiere la condición de Gran Empresa?

Además, todas las entidades que hayan obtenido por primera vez la condición de Gran Empresa, tendrán la obligación de informar a la Agencia Tributaria de dicha situación.

El plazo para cumplir con la obligación de comunicación, es hasta el 20 de febrero.

LIMITACIÓN DE LOS PAGOS EN EFECTIVO

Viene recogido en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria

 Limitaciones a los pagos en efectivo

Uno. Ámbito de aplicación.

1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros.

2. A efectos del cálculo de las cuantías señaladas en el apartado anterior, se sumarán los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.

Dos. Infracciones y sanciones.

1. Constituye infracción administrativa el incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo establecidos en el apartado uno anterior.

2. Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la limitación establecida en el apartado uno anterior.

Algunas consultas a la Agencia Tributaria al respecto:

1.- Pregunta

  • Se plantea si se encuentra sometido a las limitaciones al pago en efectivo una operación entre un empresario y un particular valorada en 3.000 euros, que se pagan 1.000 por transferencia y 2.000 en efectivo.

Respuesta

  • Se trata de una operación efectuada en la que al menos una de las partes intervinientes actúa en calidad de empresario o profesional, por lo que se encuentra sometido a la prohibición de pago en efectivo si el importe de la operación es igual o superior a 2.500 euros.

La prohibición para los pagos en efectivo se produce cuando se paguen en efectivo operaciones por un importe igual o superior a 2.500 euros. En este caso, la operación es de 3.000 euros, por lo que se supera el límite para que la operación pueda pagarse en efectivo. El pago de esa operación en efectivo, sea total o parcialmente (dado que la norma no distingue), supondría un incumplimiento de la prohibición.

Pero la base de la sanción no es por el importe de los 3.000 euros de la operación, sino sólo aquella parte pagada en efectivo. Así, la base de la sanción es la cuantía pagada en efectivo en las operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros (art. 7.Dos.4 de la Ley 7/2012). Luego, en caso de operaciones pagadas sólo parcialmente en efectivo, la base de la sanción será inferior al importe de la operación. Para la limitación al pago en efectivo basta con que el importe de la operación sea igual o superior a 2.500 euros, aunque el pago en efectivo sea inferior a esta cuantía. En este caso, la base de la sanción son 2.000 euros.

Por lo tanto, esta operación no puede pagarse en efectivo, ni parcialmente.

2.- Pregunta

  • Un profesional (por ejemplo, un abogado, un asesor financiero, un médico, un odontólogo, etc.) presta diversos servicios independientes a un cliente a lo largo del año, de forma que cada uno de los servicios resulta inferior a 2.500 euros y se factura independientemente, pero en conjunto superan dicha cantidad. Se plantea si estas operaciones se encuentran sometidas a las limitaciones al pago en efectivo.

Respuesta

  • En este caso se trata de distintas operaciones, al tratarse de servicios o tratamientos independientes, por lo que no deben agregarse los importes, sino que se consideran los importes pagados en cada factura de forma independiente a efectos de la aplicación del límite de los 2.500 euros.

Por lo tanto, pueden pagarse en efectivo.

¿QUÉ ES EL SEGURO DE ACCIDENTE DE CONVENIO?

El seguro de accidente de convenio cubre los accidentes que pueda sufrir el trabajador en el desempeño de su labor. Así, en caso de fallecimiento o invalidez a raíz del accidente, la compañía concede una indemnización al trabajador que puede variar en función del convenio al que pertenece. Las coberturas, como es evidente, no son las mismas si es accidente laboral o no laboral o si el fallecimiento o invalidez se produce por enfermedad profesional o común.

Es un seguro obligatorio si así lo establece el convenio en el que se encuadra la actividad de la empresa.

Independientemente del número de trabajadores que haya en la empresa cuando se contrate el seguro, éste cubre a todos lo que estén de dados de alta en el TC2 que se presenta al final de cada mes referente al mes anterior. Al vencimiento de la póliza se procede a su regularización. En función de los meses que cada trabajador haya estado de alta se paga la prima correspondiente. Esto puede ocasionar que la empresa tenga que abonar una cantidad adicional, si tiene más trabajadores que en el momento de la contratación o que le devuelvan dinero si tiene menos.

No debemos confundir la contratación de un seguro con la adscripción a una Mutua. La Mutua se ocupa de proporcionar asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional y el seguro obligatorio de accidentes proporciona una indemnización en caso de siniestro de esta índole. La Mutua ofrece asistencia a autónomos y asalariados mientras que el seguro obliga a la empresa a su contratación pero sus coberturas son tan solo para el trabajador, no para el empresario.

El trabajador puede denunciar a la empresa si ésta no suscribe una póliza recogida en convenio. Este hecho puede ser especialmente grave en caso de accidente laboral.

Hay que tener en cuenta que un accidente de gravedad que cause una invalidez daría derecho a una indemnización cuantiosa a favor del trabajador que lo ha sufrido. La ausencia del seguro sería un perjuicio del que la empresa tendría responder saliendo, seguramente, mal parada.

Determinados convenios como el de hostelería establecen la obligatoriedad de un seguro de vida además del de accidentes.

He alquilado mi vivienda … ¿qué gastos podré deducirme en mi declaración de la renta?

Tendrán la consideración da GASTO DEDUCIBLE, todos los gastos necesarios para la obtención del rendimiento neto del capital inmobiliario.

En particular, serán considerados gastos deducibles:

a) Los intereses de los préstamos invertidos a la adquisición o mejor del inmueble, además gastos de financiación.

b) Los gustos de reparación y conservación:

– Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones.

– Los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de seguridad u otros.

No serán deducibles por este concepto, las cantidades destinadas a ampliación o mejora.

El importe a deducir por los gastos de reparación y conservación  no podrá exceder de la cuantía de los rendimientos íntegros obtenidos. El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes.  

c) Los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales y no tengan carácter sancionador (IBI, basura ….)

d)  Servicios personales, tales como los de administración, vigilancia, portería o similares.

e) Los ocasionados por la formalización del arrendamiento, subarriendo, cesión o constitución de derechos y los de defensa de carácter jurídico relativos a los bienes, derechos o rendimientos.

e) Los saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada.

f) Los seguros, bien sean de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura de cristales u otros de naturaleza análoga, sobre los bienes o derechos productores de los rendimientos.

g) Los servicios o suministros.

h) Las cantidades destinadas a la amortización (el 3% sobre el mayor entre el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral, sin incluir el valor del suelo).

¿ El rendimiento de capital inmobiliario puede ser negativo?

  • Para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, se deducirán todos los gastos necesarios para la obtención de los rendimientos.

Se establece un límite máximo para la deducción de los intereses, gastos de financiación y gastos de reparación y conservación, que no pueden ser superiores al importe del rendimiento íntegro del bien o derecho. No obstante el exceso se puede compensar en los 4 años siguientes con mismo límite para cada inmueble.

Al no existir ninguna otra limitación, el rendimiento neto puede llegar a ser negativo, por la deducción de otros gastos, unidos o no a los anteriores.

¿Cuándo puede entenderse suficientemente justificada la circunstancia del dudoso cobro, para que el saldo que tenga tal carácter pueda ser considerado gasto deducible de los rendimientos del capital inmobiliario?

  • Se entenderá que la circunstancia de un dudoso cobro está suficientemente justificada y, por tanto, será gasto deducible:

a) Cuando el deudor se halle en situación de concurso.

b) Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo hubiesen transcurrido más de 6 meses y no se hubiese producido la renovación del crédito. Si el saldo de dudoso cobro fuera cobrado posteriormente a su deducción, se considerará como ingreso en el ejercicio en el que se produzca el cobro.

IMPUESTO DE PATRIMONIO: Vivo en la comunidad Valenciana … ¿estoy obligado a presentarlo?

¿Qué es el IMPUESTO DE PATRIMONIO?

  1. El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo directo y personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas.
  2. El patrimonio neto de la persona física  es el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de su titularidad, menos las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como las deudas y obligaciones personales de las que deba responder el titular.
  3. El Impuesto sobre el Patrimonio es un impuesto cuyo rendimiento está cedido en su totalidad a las Comunidades Autónomas.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad Valenciana?

Las personas físicas que tengan su residencia habitual en la Comunidad Valenciana y  siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  

1.- Su cuota tributaria, una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren,  resulte a ingresar o,

  2.- Cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bienes y derechos, resulte superior a  2.000.000 de euros. No se computarán las cargas y gravámenes que disminuyan el valor de los mismos, ni tampoco las deudas.

Para saber si estás obligados a presentar su Declaración de Patrimonio mediante el modelo 714, deberás tener en cuenta:     

– El importe bruto total de todos tus bienes patrimoniales a fecha de 31 de diciembre. 

    – Titularidad y ubicación de los bienes y derechos patrimoniales. ¡Atención porque cuentan todos! Tanto aquellos que se encuentren en territorio español como los que están fuera y se hayan declarado con el Modelo 720.

Es muy importante en qué Comunidad Autónoma presentas la Declaración de la Renta, porque aunque el importe mínimo de exención para presentar la Declaración de Patrimonio está fijado en 700.000 € a nivel estatal (300.000 €, en el caso de la vivienda habitual), algunas Comunidades Autónomas pueden establecer límites diferentes para determinar si tienes que presentarla mediante el Modelo 714. En la Comunidad Valenciana el límite se fija en 600.000 euros.

Los residentes en territorio español que pasen a tener su residencia en otro país podrán optar por seguir tributando por obligación personal en España por el conjunto de los bienes y derechos de contenido económico de que sean titulares a 31 de diciembre, con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos. La opción debe ejercitarse mediante la presentación de la declaración en el primer ejercicio en el que hubiera dejado de ser residente en el territorio español.

El mínimo exento en la Comunidad Valenciana se sitúa en los 600.000 euros y la vivienda habitual está exenta también hasta los 300.000 euros. No obstante, para contribuyentes con discapacidad psíquica, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, y para contribuyentes con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento, el importe del mínimo exento se eleva a 1.000.000 euros.

Plazo para la presentación

El plazo de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2018 es el comprendido entre los días 2 de abril y 1 de julio de 2019, ambos inclusive.

No obstante, si el resultado de la declaración es a ingresar y su pago se domicilia en cuenta la presentación no podrá realizarse con posterioridad al día 26 de junio de 2019

Forma de presentación

Se debe realizar de forma obligatoria la presentación electrónica por Internet.

REGISTRO DIARIO DE JORNADA EN TRABAJADORES A TIEMPO COMPLETO

Desde el 12 de mayo de 2.019, se exige a las empresas el Registro diario de la jornada.

Tal y como especifica el artículo 10 del RD-Ley 8/2019:

  • La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria.
  • Deberá registrar el inicio y fin de la jornada laboral de todos los trabajadores. Este registro deberá estar en la empresa, ya que podrá ser requerido en visitas de inspección.  Será diario y deberá incluir el horario concreto de entrada y salida. (Anteriormente este control únicamente era obligatorio para el control de las horas extraordinarias, así como para los trabajadores a tiempo parcial). Ambos registros requieren entregar junto a la nómina copia al trabajador)
  • La forma de realizar dicho registro, hasta que la negociación colectiva-convenios colectivos no establezca nada al respecto, queda a discreción de la empresa. Salvo modificación normativa que lo especifique, podrá realizarse mediante sistemas manuales, analógicos o digitales.

La empresa conservará los registros durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

No llevar en orden este registro está considerado como infracción grave  con sanciones de multa que van  desde 626 a 6.250 euros

Por ello, si su empresa no dispone de sistemas de control de presencia y horario que permitan registrar la jornada diaria de los trabajadores, como puede ser un sistema de fichaje, tarjetas, huellas o telemáticos, EXISTEN VARIOS EN EL MERCADO. Este tipo de sistema resultaría de lo más fiable de cara a una inspección de trabajo, entendemos que a la vista de lo expuesto, es recomendable elaborar y gestionar un registro de la jornada diaria que cada trabajador realiza y totalizar la jornada mensual efectuada por cada trabajador.

Aunque no existe un modelo oficial, a nuestros clientes

-COMUNICACIÓN A LOS TRABAJADORES DEL SISTEMA DE CONTROL HORARIO ELEGIDO (habrá que entregarlo a cada trabajador para firmar, justificando que está informado)

-MODELO DE CONTROL HORARIO MENSUAL ( Si bien la norma nada dice de que se deba entregar copia del registro a los trabajadores a tiempo completo, el modelo está confeccionado tanto para trabajadores con jornada a  tiempo completo como  a tiempo parcial y a estos últimos si se les debe entrar copia junto a la nómina mensual). Este contendrá:

-Identidad de la empresa

-Identificación del trabajador

-Especificación de la jornada de trabajo recogida en el contrato de trabajo

-Detalle de las horas laborales, ordinarias y complementarias (en caso de estar pactadas por escrito y registrado ante servicio de empleo en contratos a tiempo parcial), realizadas y desglosadas por día efectivo de trabajo

-Firma del representante de la empresa

-Recibo del trabajador

El modelo se debe cumplimentar diariamente con las horas de trabajo y firmen diariamente todos los trabajadores (contratados a tiempo completo y parcial), teniendo en cuenta  siempre la jornada pactada con el trabajador así como la jornada máxima legal (SEMANAL Y ANUAL…vacaciones..etc) establecida en el Convenio colectivo que os sea de aplicación.

Quiero contratar a una persona con una discapacidad igual o superior al 33%, ¿tendré alguna ayuda?

Lo primero que tendremos que definir es el tipo de contrato, INDEFINIDO o TEMPORAL y en función de esto, las ventajas serán diferentes:

  1. CONTRATO INDEFINIDO: Posibilidad de obtener subvención y bonificación en los seguros sociales

Para optar a la subvención habría que cumplir con determinados requisitos (mandaremos información sobre las subvenciones por contratación de discapacitados en el próximo artículo)

  • La empresa tiene que estar al corriente de pago en Hacienda y en la Seguridad Social.
  • El trabajador/a tiene que estar inscrito/a en el Servicio Público de Empleo (DARDE)
  • La discapacidad del trabajador de grado igual o superior al 33% debe estar reconocida por el Organismo competente.
  • El trabajador no deber haber estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los 24 meses anteriores a su contratación.
  • Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato.
  • Las empresas beneficiarias estarán obligadas a mantener la estabilidad de estos trabajadores por un tiempo mínimo de tres años, y en caso de cese voluntario, despido procedente o extinción de la relación laboral por causas objetivas deberán sustituirlos por otros trabajadores con discapacidad, en caso de no cumplir esta obligación la empresa deberá reintegrar las cantidades correspondientes al periodo de incumplimiento. Este reintegro de cantidades debe limitarse a la subvención recibida, no estando obligada a devolver cantidad alguna por las bonificaciones disfrutadas.

Las bonificaciones en Seguridad Social serán las siguientes:

Trabajadores sin discapacidad severa:         HOMBRES                         MUJERES

Menores de 45 años                                          4500 €/año                      5350 €/año

Mayores de 45 años                                          5700 €/año                      5700 €/año

Trabajadores con discapacidad severa:

Menores de 45 años                                          5100 € /año                    5950 €/año

Mayores de 45 años                                          6300 €/año                     6300 €/año

  • CONTRATO TEMPORAL: En este caso no habría ninguna posibilidad de subvención, pero de bonificaciones a la Seguridad Social. Como en el caso anterior, la empresa debería cumplir con determinados requisitos:
  • La empresa tiene que estar al corriente de pago en Hacienda y en la Seguridad Social.
  • El trabajador/a tiene que estar inscrito/a en el Servicio Público de Empleo (DARDE)
  • La discapacidad del trabajador de grado igual o superior al 33% debe estar reconocida por el Organismo competente.
  • El trabajador no deber haber estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los 24 meses anteriores a su contratación.
  • Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a la formalización del contrato.
  • Duración entre 12 meses y tres años, las prórrogas no pueden ser inferiores a 12 meses,
  • No podrán contratar temporalmente a personas con discapacidad las empresas que, en os 12 meses anteriores a la contratación, hayan extinguido contratos indefinidos por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo.

Las bonificaciones en Seguridad Social serán las siguientes:

Trabajadores sin discapacidad severa:         HOMBRES                         MUJERES

Menores de 45 años                                          3500 €/año                      4100 €/año

Mayores de 45 años                                          4100 €/año                      4700 €/año

Trabajadores con discapacidad severa:

Menores de 45 años                                        4100 € /año                    4700 €/año

Mayores de 45 años                                        4700 €/año                     5300 €/año

Estas bonificaciones están calculadas a jornada completa, sí fuera a tiempo parcial habría que calcular la parte proporcional

Al terminar el contrato tendría una indemnización de 12 días por año de servicio.

¿QUÉ OBLIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES TIENE UN AUTÓNOMO SIN TRABAJADORES QUE ES SUBCONTRATADO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS?


Cada vez más las contratas principales están pidiendo a los autónomos sin trabajadores formación en prevención, certificado de aptitud médica, curso específico de trabajos en altura…etc, y todo ello para asegurarse de la profesionalidad y responsabilidades en caso de siniestros, ya que el autónomo concurre en los centros de trabajo con otros trabajadores y empresas.

Los trabajadores autónomos están obligados a cumplir el Plan de Seguridad y Salud, pero los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud.

A los autónomos les será de aplicación las obligaciones de cooperación y de información e instrucción (art. 24 de la Ley de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y art. 8 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo).

Respecto a la posibilidad de pedir el certificado de aptitud a los trabajadores autónomos, esta obligación no es exigible al trabajador autónomo individualmente considerado debido a la inexistencia de empresario a quien responsabilizar de esta obligación. Pero una cosa es la ley y otra la realidad, que nos dice que actualmente para que un trabajador autónomo pueda entrar a trabajar en una fábrica o en una obra de construcción, se le está exigiendo ya no solo encontrarse al corriente en las obligaciones con seguridad social y con la hacienda pública, sino también:

  •    Certificado de aptitud para el puesto de trabajo que demuestre que su estado de salud es compatible con las tareas contratadas.
  •    Certificado de formación en PRL que demuestre estar formado en los riesgos propios de su actividad profesional.
  •    Evaluación de riesgos que determine los riesgos que genera su actividad para de esta forma cumplir el deber de informar de los mismos al contratista          principal.

Como la Ley de Prevención de Riesgos es una norma de mínimos, es necesario por parte de los trabajadores autónomos presentar toda esta documentación para poder trabajar y cumplir con los contratos de prestación de servicios formalizados.

Cabe recordar como otra obligación atendiendo al art. 1902 del Código Civil, que cualquier empresa debería contar con un seguro de responsabilidad civil “ el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Por lo que es muy importante  para los autónomos que cuenten con el mismo.